¿POR QUÉ VENEZUELA CRITICA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?

Las declaraciones del canciller Nicolás Maduro en el ámbito del cierre de la 42° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Cochabamba, Bolivia, son una clara manifestación del ejercicio de la soberanía: el encargado de la diplomacia venezolana anuncia la decisión del Gobierno Bolivariano de abandonar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), emitiendo un comunicado junto a Bolivia (el mismísimo anfitrión de la 42° Asamblea), -Ecuador y Nicaragua, y la decisión igualmente soberana- de investigar acerca de la injerencia extralimitada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de estudiar la posibilidad de su denuncia.

Los eventos que anuncian la crónica de la muerte del TIAR se remontan ya a la ausencia de apoyo a Buenos Aires en medio del conflicto bélico entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, en 1982. El TIAR, un tratado que debería haber defendido los intereses de sus firmatarios, le da las espaldas a uno de sus miembros en un momento crucial. Razones no faltan para declararlo como un tratado muerto e insepulto, como expresó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en el marco del cierre de la 42° Asamblea.

Asimismo, la decisión del Gobierno Bolivariano de investigar detalladamente los eventos de injerencia, de prácticas extralimitadas con respecto a las funciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debería ejercer, manifiesta la necesidad de Venezuela y de los Pueblos de América de poner en duda el sistema actual.

Dicho Sistema Interamericano -que deriva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 1969, mejor conocida como Pacto de San José, y que actúa bajos dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José- es el brazo de la OEA encargado de proteger los derechos y libertades y de promover el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el continente americano. Sin embargo, con respecto a Venezuela, la CIDH a sobrepasado históricamente dichas funciones. Bastan sólo dos hitos que resaltó el mismo canciller Maduro en su intervención: a) el reconocimiento del golpe de Estado de 2002, en la persona de su Secretario Ejecutivo; y b) el no actuar según los parámetros establecidos durante el secuestro del presidente Chávez en los días del golpe. Nos preguntamos, entonces, conociendo de antemano la respuesta: ¿Son necesarios otros eventos de este tipo para perder la confianza en la CIDH? El hecho de que la sede de la CIDH esté en Washington no es una simple coincidencia, como tampoco es mera ilusión la injerencia de Estados Unidos a Venezuela a través de este órgano.

Cuando un organismo internacional deja sus funciones de lado e interfiere en asuntos internos, nos encontramos frente a un aparato burocrático completamente deslegitimizado que sirve sólo como medio para atacar la soberanía de un Estado soberano: el organismo regulador se ha transformado en un organismo por el cual se aplica una nueva colonización, esta vez ideológica. De la misma manera, su condición de pacto firmado no lo coloca autoritariamente por encima de sus contrayentes, pues sin éstos últimos el pacto simplemente no existiría. 

En este sentido, la CIDH no puede ser considerada como un super-Estado que rige los destinos de otros sub-Estados. No existen ni super ni sub en un ámbito político internacional de cooperación; existen solo Estados pares que contraen pactos. Si dichos pactos no son respetados y, más aún, si el órgano creado en dicho pacto ataca insensatamente a los Estados miembros, no es de extrañarse que uno de ellos salga en defensa de su soberanía.

Es en nombre de su soberanía que Venezuela puede legítimamente investigar, criticar y denunciar el incumplimiento del Pacto de San José, tal y como lo expresa su artículo 76. De la misma manera, la justicia social que buscamos cotidianamente nos lo exige. Es, éste, un compromiso que no podemos obviar para con la historia de nuestra República independiente.